Un estudio publicado en 2020 en la revista EcoHealth afirmaba que la industria de la moda era «uno de los mayores mercados de productos ilegales de fauna silvestre». Sus autores, Sosnowski y Petrossian, concluían que el incumplimiento normativo era habitual, iba en aumento, y que la única respuesta razonable era prohibir el comercio internacional de moda hecha con fauna.
Un equipo de zoólogos —Daniel Natusch, Patrick Aust y Richard Shine— volvió a analizar exactamente los mismos datos. Publicaron su reanálisis en 2021 en Conservation Biology, bajo un título que no deja lugar a dudas: «Los peligros de la ciencia errada en la literatura sobre comercio de fauna». Lo que encontraron es un caso de manual sobre cómo el sesgo ideológico puede disfrazarse de conclusión científica.
El caso del bolso de piel de reptil
Sosnowski y Petrossian basaron su estudio en la base de datos LEMIS, el registro de incautaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Entre 2003 y 2013 contabilizaron 474 incautaciones frente a 2.930 permisos legales, una cifra que a primera vista sugiere un incumplimiento del 16%.
Natusch y su equipo detectaron el primer problema: esa cifra de permisos procedía de una base de datos distinta a LEMIS, y no era comparable. El segundo problema fue más grave. Un mismo envío con un bolso de pitón, unos zapatos de caimán y una correa de lagarto se registra como varias incautaciones distintas si falta un solo permiso CITES. Los autores originales contaron cada producto como un incidente independiente. Una sola marca acumuló 32 de sus 38 incautaciones a partir de un único envío.
Al revisar los datos brutos, Natusch et al. comprobaron que al menos el 35% de las incautaciones de reptiles correspondían a envíos ya contados varias veces. También encontraron un sesgo de muestra: el estudio original incluyó marcas pequeñas y poco frecuentes con tasas de error altas, y excluyó a la mayoría del grupo Richemont, uno de los mayores conglomerados de lujo del mundo.
Estudio original: 474 incautaciones frente a 2.930 permisos — sugería un incumplimiento del 16%.
Reanálisis de Natusch et al.: tasa real de incumplimiento por envíos, un 0,4%.
Pseudorreplicación: al menos el 35% de las incautaciones de reptiles correspondían a un envío ya contado antes.
Tendencia: el estudio original alegaba un aumento; el patrón real mostraba una caída significativa.
Corregidos estos dos errores, la tasa real de incumplimiento —incautaciones sobre el total de envíos— resultó ser del 0,4%. Es decir, un 99,6% de cumplimiento. La tendencia tampoco iba en aumento: el propio análisis de Natusch et al. mostró una caída significativa cuando se relacionaba con el volumen total de comercio.
Quedaba una pregunta: ¿esas incautaciones reflejan delito o simple error de papeleo? Los datos apuntan claramente a lo segundo. Las incautaciones de reptiles importados con fines educativos, científicos o por agencias gubernamentales —sin ningún ánimo de lucro— tuvieron una tasa cinco veces mayor que la industria de la moda comercial. Las empresas con más envíos y experiencia cometían menos errores que las pequeñas y ocasionales. Y la especie más incautada, la del caimán americano, procede casi siempre de granjas legales en EE. UU. cuya piel cruza fronteras varias veces —curtido en un país, confección en otro, distribución en un tercero— antes de reingresar como producto terminado. Cada cruce es una oportunidad más para un permiso mal cumplimentado, no una prueba de caza furtiva.
El estudio original ya había tenido consecuencias reales antes de esta corrección. Fue recogido por National Geographic y otros medios, y activistas lo usaron para presionar a marcas de lujo. Calvin Klein y Tommy Hilfiger anunciaron públicamente el abandono de las pieles exóticas tras su publicación.
Cuando el dato es cierto, pero la conclusión no
Natusch et al. citan otros ejemplos del mismo patrón. Un estudio de 2016 concluía que el comercio de reptiles como mascota «debería considerarse perjudicial para su supervivencia», generalizando a partir de unos pocos casos ilustrativos. Otro, de 2020, alertaba de que el 79% de las especies de reptiles comerciadas no tenía regulación internacional. El dato es correcto, pero la razón es que la mayoría de esas especies no están amenazadas: de las que sí corren riesgo por el comercio, más del 95% ya está regulado internacionalmente. La cifra del 79% es exacta y, a la vez, engañosa.
El lobby con bata de laboratorio
En 2020, la revista Animals publicó «Turning Negatives into Positives for Pet Trading and Keeping», un artículo que revisaba los listados positivos para la tenencia de fauna exótica y recomendaba su adopción como modelo regulatorio. Lo firman siete autores. Cinco representan a organizaciones animalistas —Animal Protection Agency Foundation, PETA Foundation, World Animal Protection, Zoocheck y AAP Animal Advocacy and Protection—, y los otros dos a una institución catalana de rescate de fauna, el CRARC, y a la propia Generalitat de Catalunya.
Una de esas cinco organizaciones, PETA Foundation, pertenece a la misma PETA que en 2008 lanzó la campaña «Got Autism?», que vinculaba el consumo de leche de vaca con el autismo apoyándose en dos estudios de apenas veinte y treinta y seis niños. Asociaciones de autismo, pediatras y divulgadores científicos la calificaron de pseudociencia oportunista. La valla publicitaria original se retiró tras la presión de la Autistic Self Advocacy Network, pero PETA mantuvo el artículo en su web y relanzó el mensaje varias veces en la década siguiente, sin retractarse nunca del fondo de la afirmación.
El artículo de 2020 sobre listados positivos incluye, como exige la revista, un apartado de conflictos de interés. Dice, traducido, que los autores no tienen ningún conflicto de interés. Es una afirmación difícil de sostener: cinco de los siete firmantes trabajan para organizaciones cuya misión institucional consiste, precisamente, en promover más restricciones sobre la tenencia de fauna exótica —el resultado regulatorio que el propio artículo recomienda.
El rastro hasta Bruselas
Dos de esas organizaciones, AAP Animal Advocacy and Protection y World Animal Protection, son miembros confirmados de Eurogroup for Animals, la federación que coordina el lobby por el listado positivo ante las instituciones europeas. AAP, de hecho, ha comparecido junto a Eurogroup for Animals ante la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo específicamente sobre este asunto. Eurogroup for Animals declara abiertamente que se financia con fundaciones, donantes y organizaciones miembro. Solo de la fundación estadounidense Open Philanthropy ha recibido varias donaciones millonarias en los últimos años, alguna de hasta 5,5 millones de euros.
Animal Protection Agency Foundation (Reino Unido)
PETA Foundation (Estados Unidos) — autora de la campaña «Got Autism?»
World Animal Protection (Canadá) — miembro de Eurogroup for Animals
Zoocheck (Canadá)
AAP Animal Advocacy and Protection (Países Bajos) — miembro de Eurogroup for Animals, compareció ante el PETI por el listado positivo
CRARC, centro de recuperación de anfibios y reptiles de Cataluña (España)
Generalitat de Catalunya, sección de protección animal (España)
A todo esto se suma una debilidad metodológica que los propios autores reconocen: las encuestas que enviaron a los gobiernos para sustentar sus recomendaciones apenas recibieron respuesta —19% en la primera, 11% en la segunda—, algo que ellos mismos admiten que impide extraer conclusiones sólidas sobre los criterios reales que sostienen los listados positivos existentes.
Ese es el patrón que distingue este caso del de Sosnowski y Petrossian. Ellos probablemente actuaron de buena fe, con un sesgo filosófico que distorsionó su análisis sin que mediara ningún interés institucional directo. El artículo sobre listados positivos, en cambio, es literatura producida por partes con un interés declarado en el resultado regulatorio —y financiadas, en parte, para conseguirlo—, presentada bajo el formato neutral de un artículo revisado por pares. El trabajo aporta, aun así, una revisión legislativa considerable, y no cabe descartarlo solo por la procedencia de sus firmantes. Pero conviene leerlo sabiendo todo esto.
Fraude a escala industrial
Existe un tercer nivel, más grave todavía: la fabricación directa de estudios falsos. Un equipo liderado por Luís Amaral, de la Universidad Northwestern, publicó en 2025 en PNAS un mapa de conexiones entre 30.000 artículos retractados o sospechosos. La conclusión es alarmante: los artículos fraudulentos se duplican cada 18 meses, mientras que la literatura científica legítima tarda unos 15 años en duplicarse.
Detrás de esos artículos hay redes organizadas: intermediarios que venden autorías, revistas cómplices, y hasta el secuestro de cabeceras académicas ya extinguidas para publicar contenido fraudulento bajo un nombre con historial de prestigio. El propio Amaral describe estas redes como organizaciones que fabrican de forma coordinada el proceso mismo de la ciencia, con millones de dólares de por medio. Los campos más afectados hasta ahora son la investigación biomédica, pero nada impide que el mismo modelo de negocio se extienda a la literatura sobre fauna y comercio de especies.
A esto se suman incentivos más ordinarios pero igual de dañinos: la presión de publicar constantemente para sobrevivir académicamente, revistas que prefieren resultados llamativos a resultados sólidos, y una revisión por pares hecha por voluntarios sin tiempo para verificar los datos brutos de cada estudio. El caso más citado de las consecuencias de esta cadena de fallos sigue siendo el de Andrew Wakefield, cuyo artículo fraudulento de 1998 sobre vacunas y autismo tardó doce años en ser retractado del todo.
Qué hacer con esta ciencia
Los propios Natusch, Aust y Shine ofrecen, sin proponérselo, un modelo de cómo declarar conflictos de interés correctamente. En sus agradecimientos reconocen que parte de su investigación —a lo largo de años, y en otros artículos— ha recibido financiación de la industria del lujo, aclaran que los donantes nunca influyeron en el diseño ni en las conclusiones, y precisan que este artículo concreto no recibió financiación de nadie. Es exactamente el nivel de transparencia que faltó en el artículo de PETA Foundation y sus coautores.
Ninguno de estos tres problemas —sesgo filosófico, literatura de lobby encubierta, fraude industrial— se resuelve solo con desconfiar de la ciencia en general. Se resuelve preguntando, ante cualquier estudio citado en un debate regulatorio sobre fauna, quién lo firma, quién lo financia, y si los datos brutos sostienen de verdad la conclusión que se ha titulado en la prensa.
Mundo Faunista es la publicación digital de la Federación FAUNA.
Fuentes:
Natusch, D. J. D., Aust, P. W. y Shine, R. (2021) «The perils of flawed science in wildlife trade literature». Conservation Biology. doi.org/10.1111/cobi.13716 ·
Richardson, R. A. K., Hong, S. S., Byrne, J. A., Stoeger, T. y Amaral, L. A. N. (2025) «The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient and growing rapidly». PNAS, 122(32), e2420092122. doi.org/10.1073/pnas.2420092122 ·
Novakovich, J. «Bad science is a bigger problem than you think». The Eco Well
