Categoría: Legislación

El Tribunal Supremo absolvió a dos hosteleros por guardar una caracola Charonia lampas en la nevera, y un juzgado de Zamora acaba de absolver a tres criadores por ceder un loro yaco con el certificado CITES equivocado. Dos sentencias que trazan la frontera entre el delito contra la fauna del artículo 334 del Código Penal y la infracción administrativa, y que obligan a distinguir lo que casi nadie distingue: una especie del LESRPE no es lo mismo que una especie de los anexos del Reglamento 338/97, ni el delito ecológico es lo mismo que el contrabando.

Un criador checo vende una serpiente del anexo C con un simple documento de cesión. El mismo animal, nacido en España, necesita un certificado emitido por la Autoridad Administrativa principal, sin el cual el RD 7/2018 declara que su origen legal no será reconocido. Y si el criador español compra ese ejemplar checo, se le exigirá un documento que la autoridad checa no puede expedir, porque ninguna norma europea la habilita para ello. Continuamos así la serie que abrimos con la sentencia C-100/08: allí España endurecía una norma europea existente y el problema era de proporcionalidad. Aquí no hay norma que endurecer, porque el artículo 8 del Reglamento 338/97 no somete el anexo C a prohibición de comercio interior en ningún momento.

El problema se plantea en dos frentes distintos pero con la misma raíz. Por un lado, ejemplares del Anexo B adquiridos legalmente en otro Estado miembro que llegan sin marcaje individual, porque allí no se exige, y que MITECO se resiste a inscribir en LINCEX pese a haberse marcado con microchip al llegar a España. Por otro, especímenes comprados en España hace quince o veinte años, con la documentación que entonces era exigible, a los que se niega validez por no poder «casarlos» con un chip implantado a raíz del RD 7/2018. En ambos casos existe un marco jurídico que acota hasta dónde puede llegar la exigencia administrativa: la jurisprudencia europea sobre proporcionalidad y los principios de buena fe y confianza legítima del artículo 3 de la Ley 40/2015.

En enero de 2023, el entonces ministro federal de Agricultura alemán, el «verde» Cem Özdemir, se preguntó en voz alta por qué alguien necesitaría tener en casa una serpiente o un camaleón, y planteó abiertamente introducir un listado positivo de especies. Tres años después, con la ley de protección animal alemana todavía en pleno proceso de reforma, esa lista sigue sin existir, y ni siquiera figura en el texto que el Bundestag debate actualmente. Repasamos cómo una coalición de casi cuarenta organizaciones —desde zoológicos hasta colegios veterinarios— construyó el argumentario que ha acompañado ese impasse, y qué sigue en juego.

En la reunión técnica con la Dirección General de Derechos de los Animales, el redactor del proyecto de Real Decreto sostuvo que el artículo 4 del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía (CETS 125) obliga a desarrollar un listado positivo. El dictamen del catedrático Tade M. Spranger demuestra exactamente lo contrario: el artículo 4, leído de forma aislada, prueba que un listado positivo es incompatible con el Convenio. Para España, que ratificó el CETS 125 sin ninguna reserva material, el argumento es aún más contundente.

Italia aprobó en 2022 una norma que prohíbe con carácter general la tenencia y el comercio de especies exóticas capturadas en la naturaleza, salvo las incluidas en una lista, y en febrero de 2026 ha ampliado esa lista de 6 a 71 especies, casi todas peces de acuario. El caso se cita a menudo como precedente en el debate español, pero rara vez se explica qué dice exactamente la norma, qué discrepancia sigue abierta sobre su alcance, quién ha impulsado la ampliación y por qué el problema español es, en realidad, de otra naturaleza.

El proyecto de Real Decreto del Listado Positivo de Animales de Compañía ya está en Bruselas. España lo ha notificado a la Comisión Europea a través del procedimiento TRIS, un trámite poco conocido que abre una ventana de varios meses en la que cualquier ciudadano o entidad de la Unión puede presentar observaciones directamente ante la Comisión, al margen del trámite de alegaciones español. Explicamos qué es TRIS, por qué es una vía distinta y útil, y cómo presentar una aportación paso a paso antes del 13 de octubre de 2026.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido a FAUNA una consulta sobre unas guías técnicas que pretende aplicar como criterio para autorizar la cría en cautividad de aves, reptiles y anfibios. Federación FAUNA ha presentado alegaciones ante la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina: el problema no es solo técnico, sino de fondo. Su interpretación del artículo 54 del Reglamento UE nº865/2006 se aleja del resto de países europeos y de la que hacía el SOIVRE, estableciendo una administración paralela a las CCAA en materia de bienestar y sanidad animal.

El gorrión de Java es uno de los pájaros exóticos más populares de la avicultura española. Se reproduce con facilidad, tiene un carácter tranquilo y resulta tan atractivo en pajarera como en jaulón individual. Lo que muchos criadores y compradores no saben es que Lonchura oryzivora figura en el Apéndice II de CITES y que en España no existe ninguna excepción documental para su tenencia y comercio. Conocer bien la especie y su situación regulatoria es, hoy, parte indispensable de criarla bien.

La Federación FAUNA se reúne con la DG de Derechos de los Animales tras las 3.300 alegaciones al borrador del listado positivo. Los cambios introducidos son mínimos.