A tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la revista Jara y Sedal publicó este 9 de noviembre una entrevista con Alberto Núñez Feijóo. La firma Israel Hernández Tabernero. La revista la ha pedido a los principales líderes políticos, y el presidente del Partido Popular ha sido el primero en aceptar.
Es una entrevista para cazadores. Pero varias de sus respuestas nos afectan de lleno. Sobre todo dos. Una trata de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La otra, de la Dirección General de Derechos de los Animales. Las hemos leído con atención, y conviene distinguir entre lo que dice y lo que deja sin decir.
«Revisión», no derogación
El entrevistador pidió una respuesta directa: ¿derogará o modificará las leyes animalistas? Se refería a la ley de bienestar animal y a la reforma del Código Penal de 2023. Feijóo respondió: «Nuestro compromiso de revisión era firme y lo sigue siendo».
La palabra elegida es revisión. No es derogación ni modificación. No hay plazos ni detalle de qué artículos se cambiarían, o si desaparecerá del BOE. El resto de la respuesta se centra en los perros de caza. El PP, recuerda, «consiguió excluirlos de esa ley» en «una de las negociaciones más agrias» con el Gobierno. Al final de la entrevista va más lejos: esa exclusión evitó, dice, que «los perros de caza se extinguieran».
Sobre el Código Penal es más duro. Critica que se aumenten las penas «a quien mate a una rata que se le cuela en casa». Y acusa al Gobierno de endurecerlas «por pura ideología animalista», poniendo en riesgo incluso «el bienestar de los propios animales».
Todo eso es lógico en una revista de caza. Pero deja fuera lo que más preocupa a nuestro sector.
Compromiso: «revisión», sin plazo ni contenido concreto.
Logro que reivindica: la exclusión de los perros de caza.
Crítica: la reforma penal de 2023, por desproporcionada e ideológica.
La Dirección General, en el aire
La pregunta sobre la Dirección General fue igual de clara. El periodista la describió como el «máximo exponente anticaza» y preguntó si Feijóo la mantendría, la suprimiría o la reorganizaría.
«Comparto totalmente esa preocupación. Mi compromiso es con el rigor, la experiencia y los criterios técnicos. Los extremos se acercan más a los populismos que a las realidades y en este momento, tras ocho años de irracionalidad, se requiere rigor y experiencia de gestión. Lo he dicho en varias ocasiones y lo repito: reduciré todo gasto y exceso del aparato administrativo creado por el actual Gobierno, máxime si se trata de órganos ideológicos que solo han generado problemas, burocracia y gastos, incluso perjudicando la conservación de las especies y de la biodiversidad».
La respuesta es contundente. Feijóo comparte «totalmente» la preocupación del sector y apunta directamente a los «órganos ideológicos» creados por el actual Gobierno, a los que acusa de perjudicar incluso la conservación de las especies.
El mensaje es inequívoco en el tono. Pero, en sentido estricto, solamente se infiere que va a suprimirla. Lo que no aclara es qué ministerio asumiría las competencias sobre caza: preguntado por ello, responde que no será «una política aislada», sin concretar más. Los órganos de participación, dice, se definirán «cuando se defina la futura estructura ministerial».
Vistas las respuestas a Jara y Sedal, hay un matiz importante. Una Dirección General se crea o se suprime con un real decreto de estructura, sin tocar ninguna ley. Pero si desaparece, sus funciones no se evaporan. Mientras la Ley 7/2023 siga en vigor, sus mandatos tendrán que asumirse en otro departamento.
Para nosotros, por tanto, la pregunta clave no es solo si la Dirección General desaparece. Es quién se quedaría con sus competencias y con qué criterio.
«Criterios técnicos»: una vara de medir
Feijóo repite a lo largo de la entrevista una misma idea: decidir con «rigor», «experiencia» y «criterios técnicos», no ideológicos. Propone además una Ley del Mecanismo Rural de Garantía. Con ella, ninguna norma estatal podría aprobarse sin evaluar antes su impacto en el mundo rural.
Si esa vara de medir se aplica, el listado positivo tiene un problema serio. Su disposición transitoria segunda invoca el principio de precaución. Pero hubo una resolución del Consejo de Transparencia. Y tras ella, la propia Secretaría de Estado confirmó que los informes de evaluación de riesgos que lo justificarían no existen. Una norma sin estudios de riesgo ni de impacto es justo lo contrario de lo que el candidato dice defender.
Silvestrismo y aves
Hay una respuesta que interesa a nuestros avicultores y silvestristas. Preguntado por el silvestrismo, Feijóo lo sitúa dentro del «patrimonio cultural, histórico y etnográfico». Su propuesta es «protegerlo sobre la base de datos científicos» y «sin poner en riesgo la conservación de las especies».
Es una declaración de principios favorable, pero general. No concreta cómo se resolvería el choque con la normativa europea sobre la captura de aves. Sí anuncia, en otro punto, la intención de revisar la aplicación de las normas europeas para evitar interpretaciones sin base científica.
El MITECO, sin nombrarlo
Feijóo no menciona por su nombre al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Pero buena parte de la entrevista va dirigida a él. Critica la inclusión del lobo en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). La considera hecha «sin criterio técnico alguno».
Promete también enviar a Bruselas, en su primera semana de Gobierno, el informe sexenal sobre fauna silvestre que exige la Directiva Hábitats. Según Feijóo, lo aprobaron los técnicos de las comunidades autónomas en julio de 2025, y el Gobierno lo retiene desde entonces. Afirma además que la Comisión Europea ya ha abierto expediente a España por no enviarlo.
El uso del LESRPE y del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras con criterios discutibles es un problema que conocemos bien. Ahí está la inclusión como invasora de Mauremys annamensis, una tortuga casi extinta en la naturaleza. Ahí están las dificultades de los criadores para obtener certificados CITES. Nada de eso aparece en la entrevista. Tampoco era el medio para hacerlo. Pero el diagnóstico de fondo, decisiones de biodiversidad sin base técnica suficiente, coincide con el nuestro. Queremos pensar que la actual Autoridad Administrativa CITES del MITECO se identificará con parte del gasto y exceso del aparato administrativo creado por el actual Gobierno a reducir.
Subvenciones: una auditoría de las cuentas del Gobierno actual, para eliminar el gasto «sin contraprestación y beneficio probado». La revista cifra en más de 30 millones las ayudas a grupos ecologistas desde 2022.
Caza: reconocerla como herramienta ordinaria de gestión de poblaciones y revisar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para 2027–2035, con memoria económica.
Plomo: una transición progresiva hacia otras municiones, con apoyo al sector.
Parques nacionales: mantener la propuesta de 2023 para permitir la caza y la pesca en fincas privadas dentro de los parques.
Lobo: un programa de medidas preventivas y un sistema de compensación rápida a ganaderos.
Lo que queda por responder
La entrevista responde sobre todo a las preocupaciones de los cazadores. Para quienes mantienen y crían animales distintos de perros, gatos y hurones, deja más preguntas que respuestas. ¿Qué artículos de la Ley 7/2023 se revisarían? ¿Se mantendría el listado positivo? ¿Qué ministerio asumiría las competencias de la Dirección General? ¿Cambiaría el criterio del MITECO con las especies protegidas e invasoras? El tono y las intervenciones del Partido Popular en el debate de la Ley, valientemente defendidas por la diputada Milagros Marcos, nos llevan a pensar que el Listado Positivo no tiene ningún futuro. Pero cara al 29 de noviembre, las certezas lo son todo.
Quienes defienden la Ley 7/2023, empezando por el Gobierno actual, la presentan como un avance en la protección de los animales. Su revisión dependerá de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas. En cualquier caso, confiamos en que el Partido Popular vea esa ley como lo que es: ideología, burocracia y gastos. Las respuestas de Alberto Núñez Feijóo van en la línea correcta, y la colaboración del Partido Popular con FAUNA ha sido excelente durante la legislatura. Pero no nos gusta tener que leer entre líneas. Seguiremos pidiendo respuestas precisas y claras a todos los partidos sobre lo que de verdad afecta a nuestro sector. Es lo que los criadores necesitamos para depositar nuestros votos el 29 de noviembre.
Qué se votó: el 27 de abril de 2026, la Comisión de Cultura del Senado aprobó una moción del Grupo Mixto, defendida por el senador de Vox Carbonell Tatay, para proteger la cría del toro de lidia (expediente 661/001298).
Qué pedía: su punto 3 insta al Gobierno a «derogar la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales».
El Partido Popular: respaldó la moción, que se aprobó con una enmienda suya, por 18 votos a favor y 11 en contra. Su portavoz, el senador Ruiz Rivas, no enmendó el punto de la derogación y recordó que su grupo está «en contra de la imposición de esta ley, tal como se hizo».
Publicación: Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, núm. 410, de 8 de mayo de 2026.
Mundo Faunista es la publicación digital de la Federación FAUNA.
Fuentes:
Israel Hernández Tabernero — «Entrevista a Alberto Núñez Feijóo: Los cazadores podrán obtener ingresos por los servicios ambientales que prestan», Jara y Sedal (9/11/2026) ·
BOCG Senado núm. 410 (8/5/2026) — Moción 661/001298 ·
Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Cultura (27/4/2026)
