El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que cualquier ciudadano interesado en el medio ambiente debería conocer. Se votaron el mismo día, el 27 de octubre de 2026, y se firmaron con dos días de diferencia. La primera trata de qué información ambiental puede negarnos la Administración. La segunda, de quién puede acudir a los tribunales para defender el medio ambiente.
Las dos las ha comentado en su blog delajusticia.com José Ramón Chaves. Es magistrado de lo contencioso-administrativo y uno de los divulgadores jurídicos más leídos de España. Aquí las explicamos para quien no es jurista. Y contamos por qué en la Federación FAUNA las hemos leído con especial interés. Llevamos años peleando con el MITECO para obtener información ambiental. Su excusa favorita ha sido precisamente la ley que ahora el Supremo vuelve contra él.
Antes de empezar: dos leyes para pedir información
En España hay dos grandes leyes que permiten a cualquier persona pedir documentos a la Administración. La primera es la Ley 19/2013, de transparencia, que sirve para casi todo. La segunda es la Ley 27/2006, de acceso a la información ambiental. Esta se aplica solo cuando lo que se pide tiene que ver con el medio ambiente.
La Ley 27/2006 no es un capricho del legislador español. Traslada a nuestro derecho el Convenio de Aarhus, un tratado internacional de 1998, y una directiva europea de 2003. Aarhus descansa sobre tres pilares: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Las dos sentencias que comentamos tocan el primero y el tercero.
¿Y qué es «información ambiental»? Mucho más de lo que parece. La Ley 27/2006 la define de forma muy amplia. Incluye el estado del aire, el agua, el suelo o la biodiversidad. También las emisiones, los vertidos y las medidas administrativas que afectan a todo ello. Planes, autorizaciones, informes, expedientes sancionadores. Buena parte de lo que gestiona el MITECO sobre fauna es información ambiental.
Unos cuantos conceptos jurídicos
Para seguir lo que viene conviene tener claras algunas ideas. Cuando dos leyes regulan lo mismo, se aplica primero la más específica, y la general solo rellena los huecos: eso es lo que los juristas llaman aplicación supletoria. Las dos sentencias llegan por la vía del recurso de casación, que es el recurso ante el Tribunal Supremo. No sirve para revisar cualquier caso, sino los que plantean una duda jurídica de interés general. La respuesta del Supremo a esa duda es su doctrina, y orienta a todos los jueces de España en casos parecidos.
La segunda sentencia gira en torno a la legitimación, es decir, el derecho a ser admitido como demandante. Sin ella, el juez ni siquiera entra a estudiar si tienes razón. La vía ordinaria para obtenerla es demostrar un interés legítimo: que el acto recurrido te afecta de forma real y concreta. La acción pública es la excepción, porque permite recurrir sin acreditar un interés propio. En materia ambiental, la Ley 27/2006 solo se la reconoce a determinadas asociaciones.
Primera sentencia: los vertidos de una mina y el secreto de los expedientes
La historia empieza en Penouta, en el municipio de Viana do Bolo (Ourense). Allí opera una explotación minera que vertía a un cauce. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil le abrió tres expedientes sancionadores. La Fundación Montescola, dedicada a la defensa del territorio, pidió copia de esos expedientes.
La Confederación le dio una parte. Entregó la autorización de la mina y le informó de qué expedientes existían y cómo terminaron. Pero se negó a darle los expedientes completos. Se amparó en la ley de transparencia, que protege los datos personales relativos a infracciones y sanciones. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia le dio la razón a la Administración.
Manda la ley especial
El Supremo, en su sentencia 1205/2026, de 28 de octubre, corrige ese planteamiento. Su razonamiento es sencillo de explicar. La ley de transparencia es la ley general y solo se aplica de forma supletoria cuando existe un régimen específico. Para la información ambiental, ese régimen específico es la Ley 27/2006, una ley completa que tiene sus propios límites. Por tanto, no se pueden importar los límites de la ley de transparencia.
Y los límites de la Ley 27/2006 son más estrechos. Su artículo 13 permite denegar información por varios motivos, como la confidencialidad de los procedimientos o la protección de datos personales. Pero el apartado 5 de ese mismo artículo pone un freno. Cuando se trata de información sobre emisiones al medio ambiente, las autoridades no pueden ampararse en esos motivos. Además, el apartado 4 obliga a interpretar todas las excepciones de forma restrictiva. Y exige ponderar, caso por caso, el interés público en conocer la información frente al interés que protege la negativa.
La sentencia la dictó la Sección Quinta de la Sala Tercera, con la magistrada María Consuelo Uris Lloret como ponente. Su doctrina es clara. Los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental permiten conocer los expedientes sancionadores abiertos por emisiones. Frente a ellos no prevalecen las restricciones de la ley de transparencia. La Confederación tendrá que entregar los tres expedientes, tachando solo los datos personales que deban protegerse.
Un resumen no basta
El Supremo añade un detalle importante. Dar un resumen no basta. Comunicar el número del expediente, la empresa, el motivo y el resultado se queda corto. No permite conocer los hechos, la infracción, las pruebas ni la cuantía de la multa. Y eso es justamente lo que interesa a quien quiere vigilar cómo se aplica la ley. Tampoco vale una negativa automática: la Administración debe hacer la ponderación y explicarla.
Chaves resume la doctrina con una imagen: la de unas puertas abiertas a la información ambiental. Pero insiste en un matiz. La sentencia no elimina todos los límites. Sigue siendo posible denegar información si se justifica caso por caso, tras sopesar los intereses en juego. Lo que queda descartado son las negativas genéricas, en bloque o automáticas. Es un equilibrio entre el derecho del público a saber y la intimidad de quien ha sido sancionado.
Segunda sentencia: los vecinos de una granja de cerdos
El segundo caso nos lleva a Almendros, un pequeño municipio de Cuenca. La Junta de Castilla-La Mancha concedió una autorización ambiental integrada a una granja porcina de 2.685 cerdas reproductoras. La autorización ambiental integrada es el permiso que necesitan las instalaciones con más impacto. Fija los límites de emisiones, la gestión de purines y otras condiciones.
Cuatro vecinos la recurrieron por los olores, los purines y la posible afección al agua. La Administración respondió que ser vecino no da derecho a recurrir. Según su planteamiento, vivían a unos 3,95 kilómetros de la granja, no habían demostrado un daño concreto y solo expresaban temores genéricos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha aceptó el argumento y ni siquiera entró a estudiar el fondo.
Su razonamiento era este: la Ley 27/2006 regula una «acción pública ambiental» que permite recurrir sin demostrar un interés propio. Pero solo se la concede a asociaciones sin ánimo de lucro que cumplan ciertos requisitos. Si los vecinos no son una asociación, no pueden usarla. Y como no tenían esa acción, quedaban fuera.
La ley exige varios requisitos a esas asociaciones. Deben ser personas jurídicas sin ánimo de lucro y tener la protección del medio ambiente entre sus fines estatutarios. Tienen que llevar al menos dos años constituidas y ejerciendo activamente esos fines. Y su ámbito de actuación debe abarcar la zona afectada. Quien los cumple puede recurrir actos y omisiones que vulneren la normativa ambiental sin demostrar un perjuicio propio.
El Supremo: la acción pública no cierra otras puertas
El Supremo, en su sentencia 1217/2026, de 30 de octubre, desmonta ese razonamiento. La acción pública ambiental, dice, «constituye un título especial de legitimación». Es una vía adicional, no la única. No anula la vía ordinaria que tiene cualquier ciudadano: demostrar un interés legítimo, como prevé el artículo 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
¿Cuándo tiene un vecino ese interés legítimo? Cuando existe una conexión suficiente entre el proyecto y el lugar donde vive o desarrolla su vida. El Supremo recupera aquí una expresión de su propia jurisprudencia: el «círculo vital de intereses». No se trata de que cualquier persona pueda recurrir cualquier cosa. Hace falta una afectación real y diferenciada. Pero que el daño lo sufran muchos vecinos a la vez no lo convierte en un daño menor.
El tribunal hace además una observación de sentido común. Exigir a los vecinos un daño ya producido para admitir su recurso es un error. Sería resolver el fondo del pleito antes de empezarlo. Para tener legitimación basta con la posibilidad razonable de verse afectado. Si el daño existe o no, se decidirá después.
Tutela judicial y principio pro actione
Todo ello se apoya en dos principios. El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, que garantiza el acceso a los jueces. Y el principio pro actione, que obliga a interpretar las reglas procesales a favor del ciudadano que quiere litigar. Nunca en su contra. El Supremo anula la sentencia y devuelve el asunto al tribunal de Castilla-La Mancha, que ahora deberá estudiar si la granja cumple la ley.
Chaves califica la sentencia de hito importante. Para él, el Supremo aplica un principio de buena justicia que evita formalismos y protege de verdad el medio ambiente. Viene a decir que la jurisprudencia ha llegado donde el legislador se quedó corto. Pero el magistrado añade una advertencia: los jueces deben aplicar este criterio con mucha prudencia, por respeto a la separación de poderes.
Lo que estas sentencias significan para FAUNA
En la Federación FAUNA hemos acudido muchas veces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El motivo, casi siempre, era que el MITECO no nos daba información ambiental. Es información sobre especies, catálogos, informes técnicos y criterios que afectan directamente a criadores y aficionados. Y una y otra vez hemos recibido el mismo argumento. «Esto es información ambiental, así que no se rige por la ley de transparencia, sino por la Ley 27/2006». Pensando que así podían escapar de las obligaciones del Portal de Transparencia, dejando la responsabilidad a la Oficina de Información Ambiental del MITECO, casi nunca se respondía a nuestra solicitud. El CTBG tenía que tomar sistemáticamente cartas en el asunto.
Durante años, ese argumento funcionaba como un escudo procesal. El propio CTBG inadmitía reclamaciones sobre información ambiental porque entendía que la Ley 27/2006 tenía su propio sistema de recursos. El Supremo zanjó esa cuestión en una sentencia de 10 de marzo de 2022. La reclamación ante el Consejo de Transparencia se aplica también, de forma supletoria, a la información ambiental. La Ley 27/2006 no prevé un órgano independiente al que reclamar antes de ir a los tribunales. Ese hueco lo cubre la ley de transparencia.
La nueva sentencia da un paso más, esta vez en el fondo. Confirma que, cuando la información es ambiental, manda la Ley 27/2006. Pero esa ley no es un refugio para la opacidad, sino un régimen más exigente con la Administración. Sus excepciones se interpretan de forma restrictiva, exigen una ponderación caso por caso y, en materia de emisiones, ni siquiera pueden invocarse. Invocar la Ley 27/2006 para dar menos información es, a la luz de esta doctrina, un contrasentido.
Qué podemos exigir ahora
En la práctica, esto nos deja en mejor posición. Si lo que pedimos es información ambiental, se aplican los límites de la Ley 27/2006 y no los de la ley de transparencia. Esos límites se leen de forma restrictiva, y cada negativa debe ponderarse y motivarse. Un resumen no sustituye al expediente: si este es accesible, se entrega con los datos protegidos tachados. Y si aun así nos niegan la información, podemos reclamar ante el Consejo de Transparencia antes de acudir a los tribunales.
Legitimación: una buena noticia con matices
La sentencia sobre legitimación también nos interesa, aunque hay que leerla con cuidado. Su doctrina se refiere a vecinos afectados por un proyecto cercano, y el criterio decisivo es la conexión con el territorio. No abre por sí sola la puerta a que cualquier persona recurra cualquier decisión ambiental.
Lo valioso es el espíritu. El Supremo rechaza las lecturas formalistas que dejan fuera de los tribunales a quien tiene una relación real con el asunto. Y recuerda que la acción pública de las asociaciones suma vías de acceso a la justicia, no las resta. Las administraciones deberían tomar nota: negar la legitimación con argumentos de trámite para evitar que un juez examine el fondo tiene cada vez menos recorrido.
Al final, las dos sentencias cuentan la misma historia. El medio ambiente no es un asunto reservado a la Administración. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se decide sobre él, con qué datos y con qué consecuencias. Y tienen derecho a que un juez lo revise. La transparencia ambiental no es una concesión: es una obligación. Desde FAUNA seguiremos ejerciéndola.
Mundo Faunista es la publicación digital de la Federación FAUNA.
Fuentes:
Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Quinta. Sentencia 1205/2026, de 28 de octubre (rec. 3826/2024). PDF ·
Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Quinta. Sentencia 1217/2026, de 30 de octubre (rec. 6879/2024). PDF ·
Chaves JR (2026) Transparencia reforzada en materia de protección de medio ambiente. delajusticia.com, 16 de noviembre. delajusticia.com ·
Chaves JR (2026) El Supremo extiende la legitimación para defensa medioambiental. delajusticia.com, 18 de noviembre. delajusticia.com ·
Casado Casado L (2024) Avance en las garantías del derecho de acceso a la información ambiental. Actualidad Jurídica Ambiental 146. https://doi.org/10.56398/ajacieda.00369 ·
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. BOE-A-2006-13010 ·
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887
